POR EL PROF. DANIEL HERRERA (Ex titular de la UDAI San Rafael) – La provincia de Mendoza necesita, de manera urgente, transferir el régimen de asignaciones familiares de los empleados públicos dependientes del gobierno provincial, como de sus municipios, para terminar con las inequidades del régimen nacional respecto del provincial y municipal, y solucionar definitivamente los permanentes conflictos con los gremios que, con justa razón, piden equiparaciones con las asignaciones familares que paga la Nación.
Los invito a analizar la situación: Los regímenes provinciales son heterogéneos. En argentina coexisten con el régimen nacional de asignaciones familiares y la AUH (ambos administrados por la ANSES), un conjunto de sistemas provinciales similares que brindan cobertura a los empleados públicos provinciales y municipales, así como a los jubilados y pensionados de las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la nación, generando un sistema de protección social complejo y heterogéneo.
Esta situación se ve profundizada por el hecho de que el monto de las asignaciones se define, en la mayoría de los casos, según el nivel de ingresos de los padres, su inserción laboral y el lugar de residencia de los menores, lo que implica que sea una situación desigual en todo sentido.
Debemos tener en cuenta que los valores estipulados para la asignación por hijo correspondientes al primer tramo de ingresos presentan diferencias importantes según el tipo de régimen y la jurisdicción de la que se trate. En algunos casos, esto conlleva situaciones de desigualdad al interior de cada jurisdicción entre las distintas categorías de trabajadores.
Para señalar un ejemplo, un niño mendocino percibe una asignación de $240 si es hijo de un empleado municipal, pero si su padre es trabajador registrado del sector privado, del sector informal o desocupado, percibe la suma de $644.
A su vez, también se generan importantes asimetrías entre provincias, en tanto el monto de las asignaciones por hijo -que oscilan entre los $90 y $644- según la jurisdicción. De este modo, resulta evidente que la ausencia de una mirada integral, determina la existencia de un sistema de asignaciones familiares que genera desigualdades entre distintos segmentos de la población, según su zona de residencia y/o categoría ocupacional.
En este sentido, más allá de resolver las cuestiones a corto plazo relativas a los topes de ingreso desactualizados que permiten acceder a las asignaciones familiares, es preciso volver a pensar en conjunto este régimen, con sus distintos subsistemas, buscando dotarlo de una concepción integral y progresiva.
Para ello, y solo pensando en lo que debería suceder en nuestra provincia, se debe celebrar un convenio de transferencia del régimen de asignaciones familiares del gobierno de la provincia de Mendoza, incluido municipios y el estado nacional.
Deben trabajar en forma mancomunada sin distinción de partidos políticos, el Poder Ejecutivo provincial, legisladores, juristas especializados y los gremios; para lograr este objetivo donde se verá beneficiada en su conjunto toda la población de nuestra querida Mendoza, todos los municipios de nuestra provincia y también los niños, hijos de trabajadores del sistema público provincial y municipal.
Estos recursos, que se ahorraría la provincia y municipios, se podrían destinar a educación, salud, seguridad, obra pública, etc.
El convenio es posible de realizar, todo depende de la voluntad política de nuestra clase dirigente, que, sin mezquindades y egoísmos, deberían poner todo su esfuerzo para ir resolviendo los distintos problemas estructurales que tiene Mendoza.
Ponerse de acuerdo en algo que parece tan sencillo, y es tan complicado, cuando los objetivos que están claros se pierden de vista.
Ojalá pronto esto se solucione para el bien de muchos niños y sus familias, para que puedan sentirse verdaderamente incluidos.