Funcionarios que trabajaron durante la gestión de Celso Jaque en la Dirección General de Escuelas deberán devolverle al Estado $912.780,36. Se trata de un fallo del Tribunal de Cuentas que formula cargos contra Bibiana Nieto, que fue directora Financiero Contable; Carlos González, que ocupó la dirección general Administrativa Técnica y Recursos Humanos, y Marcelo Federicci, a cargo en su momento de coordinar Infraestructura Tecnológica. Esta semana fueron notificados y tienen un plazo de 30 días para hacer el depósito en el Banco de la Nación.
EL FALLO
Tiene fecha del 24 de junio de 2015, y determina que las mencionadas personas incurrieron en irregularidades en la licitación pública que realizaron para adquirir equipos informáticos, ya que no está debidamente acredita la recepción de tales bienes.
Además, tampoco está acreditada la recepción de manuales para el primer y segundo ciclo educativo cuya impresión se contrató en forma directa. Y hay deficiencias en la registración presupuestaria y patrimonial. Todo lo enumerado sucedió en 2010, cuando el actual intendente de Luján, Carlos López Puelles, estaba a cargo de la DGE.
El más complicado de los tres parece ser González: ya en febrero de este año el mismo Tribunal lo emplazó a devolverle al Estado provincial $1.256.000 y pagar una multa de $ 14 mil. Cosa que nunca hizo y hoy brilla por su ausencia. Al menos en la Dirección General de Escuelas nadie sabe qué fue de él, aunque quienes llevan más tiempo trabajando allí sí recuerdan su paso por la dependencia.
Nieto, que es contadora, también estuvo implicada en ese caso en el que se acusaba a González de haber alquilado 130 computadoras e impresoras a un precio que triplicó el valor del equipamiento contratado bajo el régimen de leasing.
Ése fue el fallo 16.306, en el que Nieto fue multada a pagar $22 mil. En aquella como en esta ocasión Salvador Faruggia, Mario Angelini, Francisco Barbazza y Héctor Capputo (ahora se suma Ricardo Pettignano, que ingresó hace pocos meses) son quienes firman el fallo, compuesto por 34 hojas. La larga documentación explica en los considerandos que los responsables debían justificar fundamentalmente dos cuestiones concretas respecto a la licitación para la adquisición de equipos informáticos.
“La entrega, a cada establecimiento educativo, de dos cartuchos de tóner adicionales por cada máquina impresora, es decir un total de 1.400 cartuchos por un importe de $429 cada uno, valor que totaliza $600.600. El destino dado a PCs e impresoras que tienen altas sin respaldo documental (remito) y en establecimientos inexistentes (…) cuyo importe asciende a $ 331.320”, señala la información.
Desde el Tribunal de Cuentas, cuyo presidente es Farruggia, remarcaron que se emplazó a los ex funcionarios a pagar en 30 días y que si eso no sucede el fallo continúa su tránsito administrativo en Fiscalía de Estado, a cargo de Fernando Simón.
También comentaron que es muy probable que Nieto, Sánchez y Federicci hagan su descargo y la causa termine judicializándose. De hecho, en el fallo se enumeran también las distintas “contestaciones” (justificaciones) que brindan los sancionados pero al Tribunal no le convencieron tales respuestas por falta de elementos que comprueben la “inocencia”.
Un ejemplo está en la foja 823, en donde González en relación al expediente N°15419-S-2010 que hace referencia a las irregularidades detectadas por el Tribunal en la entrega de los bienes, asegura que sí fueron recepcionados por la DGE e incorporados al patrimonio. “(…) el patrimonio del Estado no fue afectado al haber ingresado en forma efectiva al erario público la totalidad de los bienes que se adquirieron en la licitación”, declara el ex director de RRHH.
Sin embargo, el ente de control afirma que “luego de analizar las distintas defensas aportadas y las verificaciones realizadas, informa que sólo han acreditado los reclamos entre los distintos responsables y hacia el proveedor, debido a la falta de los bienes (tóner) en los depósitos de la DGE y no haber sido aceptada por el proveedor la tenencia de los 1.400 cartuchos de tóner, pendientes de entrega”.
El Tribunal refiere que los funcionarios han incumplido con los artículos 19 y 20 de la ley 3.799, produciendo un perjuicio para el Estado provincial y vuelve a decir, en el artículo 1 de la resolución, que deberán devolver ese casi millón de pesos en “forma solidaria”.
También sancionaron a directivos escolares
Al parecer en el último año de la gestión de Jaque la Dirección General de Escuelas incurrió en varias irregularidades. Es que no sólo Nieto, González y Federicci fueron emplazados a devolver dinero.
También apuntó a la profesora Alejandra Ramallo, que era directora de la escuela N°4-148 Manuel Belgrano, y a tres directivos del Instituto de Enseñanza Superior 9-008: Julio Cuenca, rector; Dante Díaz, ex presidente, y Carlos Estrada, ex tesorero de la cooperadora. Todos tienen formulados cargos en su contra.
En el primer caso, la señora Ramallo tiene que devolverle al Estado $12.462 por irregularidades y falta de rendiciones por un monto de$ 9.706 y “las correspondientes a facturas apócrifas por la suma total de $ 1.756”. En el segundo, quienes se desempeñaban en el IES tienen que devolver en total $ 44.454,94. Y corresponde a “irregularidades en rendiciones de gastos y recursos cooperadora Escuela Manuel Belgrano” durante 2010 también (Fuente nota: Diario Los Andes).