La Suprema Corte de Justicia de la Provincia declaró «CONSTITUCIONAL» la ley 7722, por lo cual ratificó su vigencia.
De esta manera, falló en contra de las mineras que presentaron recursos de amparo pidiendo la inconstitucionalidad de esta normativa que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto.
La ley, que fue aprobada en maratónicas y polémicas sesiones en 2.007, dividió al poder político en cuanto a quienes pretenden que Mendoza siga los caminos de San Juan, y entre los que se niegan a poner en riesgo la pureza del agua.
Si bien aún les queda a las mineras la posibilidad de apelar a la Suprema Corte de la Nación, por mucho tiempo los sanrafaelinos seguiremos con Sierra Pintada paralizada.