La Cámara de Senadores dio sanción definitiva proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se declara la Emergencia en Seguridad en Mendoza. De esta manera la Provincia adhiere al DNU 228/16 del Poder Ejecutivo Nacional en los términos y condiciones que allí se establecen.
El aval de la Cámara Alta fue dado por 33 votos afirmativos, emitidos por la bancada oficialista, el Frente para la Victoria y por Unidad Popular; y 2 negativos, del Frente de Izquierda, que siempre da la nota.
La Emergencia se establece por 18 meses, con la opción de que sea prorrogada por el Poder Legislativo por un lapso de seis meses más.
En la norma, se faculta al Ministerio de Seguridad a adoptar en forma inmediata todas las medidas que resulten necesarias para la prevención del delito. En este sentido, dicho Ministerio podrá reasignar partidas de bienes de capital a bienes y servicios corrientes dentro de su propia jurisdicción, de acuerdo a las necesidades del servicio de seguridad pública.
La idea del Poder Legislativo es optimizar los recursos humanos, tecnológicos y materiales, así como la adecuada prestación del servicio en cada área, incluyendo las competencias parciales y complementarias, a fin de garantizar las mejores acciones preventivas operativas y resocializadoras. Además el proyecto contempla garantizar derechos, condiciones, elementos de trabajo y hábitat laboral a los fines que puedan cumplir y desarrollar, correcta y eficientemente el servicio a su cargo.
De esta manera la Provincia invertirá 561 millones de pesos que se destinarán a la adquisición de móviles con Sistema Tecnológico Inteligente distribuidos entre los 18 Departamentos de la Provincia.
Además se incorporará equipamiento para 200 móviles existentes, 10 scanners fijos y móviles para los controles de fronteras, límites y lugares críticos; se desarrollará y actualizará el Sistema de Información Policial y se sumará equipamiento para seguridad vial como identificadores de patentes, velocidad y radares, entre otros. También se adquirirán chalecos antibalas, uniformes policiales, pistolas 9mm, municiones y equipamiento especial.
Dicho monto también será destinado a la puesta en marcha de un Plan de obras de mejoramiento y refacción de distintas dependencias policiales y unidades penitenciarias de la Provincia. Además la norma estipula la construcción y mejoramiento edilicio de la Comisaría de la Mujer, unidades fiscales en general y especiales contra la violencia intrafamiliar y de género.
Para la puesta en práctica de la norma, el Ejecutivo Provincial puede convocar al personal de las Policías de la Provincia de Mendoza y del Servicio Penitenciario en situación de retiro efectivo a prestar servicio en condiciones de igualdad en cuanto a lo remunerativo y a las condiciones laborales del personal en actividad.
El Ministerio de Seguridad deberá enviar un informe cuatrimestral a la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura Provincial, respecto del avance de la norma.
¿SERVIRA PARA ALGO?
POR ALEJANDRO DELL ORBO – La presente Ley sirve para inyectar más dinero al Ministerio de Seguridad, y así mejorar el equipamiento, comprar más móviles, contratar más personal, etc. Esto puede mejorar la tarea preventiva, pero no soluciona los problemas de fondo de la seguridad que son tres:
1- Un código de Procedimiento Penal muy generoso a los intereses de los delincuentes.
2- Una camada de jueces garantistas, que suelen hacer honor a la parte de la biblioteca judicial que favorece a la libertad de los criminales.
3- Una penitenciaría que no enseña oficios ni regenera a nadie, por el contrario, lo convierte en una peor persona.
Días atrás dos jóvenes con sendos antecedentes policiales se pasearon armados por un populoso barrio. Fueron detenidos, y se les secuestró las armas. ¿Pero saben que? Al otro día fueron liberados.
Esa es la parte que debe corregirse de la ley. NO DARLE la posibilidad a los magistrados de liberar a estos delincuentes. Que los jueces no tengan la oportunidad para hacer interpretaciones ante delitos in fragantti, sino que los obligue a encarcelar, al menos hasta el debate público.