El Senado provincial acaba de aprobar la modificación de un artículo de la Ley de Tránsito y Transporte, por el cual se sustituye el Art. 44, e incorpora el Apartado l al Inciso 2) del Art. 85 el de la Ley 6082 , que quedará redactado de la siguiente manera:
– “Todos los vehículos automotores, acoplados, semiacoplados y motovehículos, destinados a circular por la vía pública, están sujetos a Verificación Técnica Obligatoria y Aleatoria a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a la seguridad activa y pasiva a la emisión de contaminantes”.
Además, esta modificación establece que, “las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúen, los costos y/o aranceles a abonar en la Verificación Técnica Obligatoria, serán establecidos por reglamentación del Poder Ejecutivo manteniendo un criterio de uniformidad con las normas que el Gobierno de la Nación adopte al respecto, con excepción de los servicios de transporte de pasajeros y de carga que serán sometidos a la revisión técnica que disponga la Secretaría de Transporte en los plazos y formas que establezca la reglamentación”.
Agrega que la autoridad competente será el Ministerio de Seguridad de la Provincia quien delegará la verificación a Plantas Verificadoras para esos efectos, manteniendo un estricto control por parte de la misma.
Si bien la puesta en marcha de este sistema es beneficioso para la seguridad vial y la preservación del medio ambiente de la provincia, también es un caldo de cultivo de corrupción, ya que -como ocurre en otros sitios del país- la habilitación de estos talleres llevan consigo importantes sumas de coimas, puesto que el servicio no baja de los 500 pesos por automotor mayor a dos o tres años de antiguedad.