En su edición dominical, el diario mendocino El Sol, publicó un informe acerca caso Matar-Cazabán, en el cual explica que los diputados denunciantes se presentaron como querellantes en la causa que investiga la Fiscalía de Delitos Complejos por los pagos de sobreprecios en publicidad del Estado al fotógrafo sanrafaelino Gustavo Matar. Por la investigación están imputados el secretario General de la Gobernación durante la gestión de Celso Jaque, Alejandro Cazabán, Matar y dos ex titulares del área de Comunicación del Ejecutivo, Ricardo Fúnez y Pablo Catania.
La decisión de los legisladores fue realizada bajo la premisa de colaborar con el avance del caso, ya que consideran que «a simple vista se puede observar un supuesto mal manejo de fondos públicos. Es que mientras se habrían pagado unos 60 millones de pesos a Matar, las cuentas públicas están en rojo y lo único que propone este gobierno es más endeudamiento, además del impuestazo que sufren todos los mendocinos. Entonces queremos saber si los ciudadanos de esta provincia estamos pagando con este tipo de artilugios la fiesta de unos pocos». Y remarcaron: «Además, la única respuesta que han dado los imputados fue tratar de apartar al fiscal Garay para evitar que se siga investigando».
«El crecimiento de la actividad de Matar como proveedor del Estado es incesante y peligrosamente sospechoso, especialmente en época preelectorales como lo fue en 2011. Comparando lo cobrado en los primeros 9 meses de 2010 con lo cobrado en el mismo período de 2011, sus ingresos han crecido 3.256%. La diferencia es tal, que es imposible representar gráficamente dicha evolución del percibido mes a mes desde enero de 2010», dijeron los legisladores.
A esto le sumaron que el fotógrafo no sólo facturó durante esos años, sino que siguió trabajando para el oficialismo durante la actual gestión de Francisco Pérez. De hecho mencionaron su participación en la Asamblea Legislativa del 1º de Mayo, cuando se lo pudo ver filmando el discurso del gobernador. Ante esto, Roberto Infante, Alejandro Limas, Daniel Dimartino, Néstor Parés y Fernando Barrigón, con el apoyo de todo el bloque radical, presentaron un nuevo pedido de informes para que se actualizara la información sobre la contratación del empresario sureño hasta la fecha, pero aún no ha sido contestado.
Uno de los datos con que cuentan los legisladores es que al día de la fecha Matar no figura como empleador, y su empresa Sur Talent SRL fue dada de alta como empleadora recién en mayo del año pasado, por lo que estaría en una situación irregular ante las presunciones que aplica la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) frente a otras actividades, como la agroindustria, el comercio, el servicio doméstico y las pymes, entre otras. Ante esta situación, los diputados remarcaron que gran parte de la facturación cobrada se realizó mientras el empresario estaba en forma irregular con la AFIP.
De aquí los legisladores consideran que no sólo el empresario tiene responsabilidad sobre el pago de sobreprecios, sino también de los funcionarios que decidieron cancelar millones de pesos a un proveedor que no estaría en regla el órgano nacional.
Los diputados también esperan respuestas sobre otro pedido de informes aprobado por la Cámara a fines de mayo sobre una situación similar que se estaría dando con las empresas Sentidos SA, Mediabit SA y Comunicación Editorial Gráfica Argentina SA. En esa oportunidad, solicitaron a la Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Subsecretaría de Comunicación Pública, Dirección de Personas Jurídicas y Registro de Proveedores de Mendoza que envíen detalles sobre estas tres firmas que habrían cobrado 20 millones en los últimos seis meses.