El Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Mauricio Sat, acompañado del edil Pedro Serra (PJ) y los Diputados Provinciales Javier Cófano, Angel Brancato, Mariela Langa y Raúl Guerra, se reunieron con el coordinador de Políticas Públicas del Poder Judicial, Dr. Raúl Vicchi, y la Directora de Contabilidad y Finanzas de la Suprema Corte de Justicia, Cdora. Mónica Gonzalez, para hacerles llegar en forma personal la declaración aprobada por el HCD en la última sesión.
En la mencionada Declaración, se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia la creación de las secretarias vespertinas de los juzgados de Instrucción de San Rafael, entre otras necesidades del sur mendocino, como por ejemplo la creación del Juzgado de Flagrancia en San Rafael, y del juzgado de Flagrancia, Correccional e Instrucción en el departamento de Malargüe.
Dentro de este texto legal se solicita también la plena aplicación del nuevo Código Procesal Penal en el Sur, considerando que se está aplicando actualmente en el gran Mendoza y la Zona Este.
En la reunión se planteó la preocupación existente en la población para que se dote al Sur Mendocino de iguales capacidades e infraestructura que el norte de la provincia a nivel seguridad, para de esta forma ayudar a la Justicia (que es la otra pata de la seguridad) a desempeñar su tarea de forma correcta.
En base a lo planteado, las autoridades judiciales informaron que dotarán a las fuerzas de seguridad del sur de autos decomisados, los que son modelos actuales, para cubrir la carencia de móviles en ciudad y distritos, que anteriormente eran destruidos.
Así mismo, hicieron notar que la falta de aprobación del presupuesto provincial por parte de la oposición ha dejado a la Suprema Corte con las manos atadas, para la aplicación del Código Procesal Penal, y la creación de los cargos judiciales que se necesitan tan urgentemente en el sur mendocino.
¿QUE ES UN JUZGADO DE FLAGRANCIA?
El sistema de flagrancia, genera que las causas por delitos “sencillos” tengan una finalización mucho más rápida, siempre y cuando se logre sorprender al delincuente in fraganti al momento del hecho.
Este proceso permite que una causa pueda llegar a tener una resolución dentro de los cuatro meses de haberse cometido el hecho.
Asimismo, los delincuentes son condenados de manera más rápida, quedando fuera de circulación al tener que cumplir una pena de uno, dos o cuatro meses de prisión, y que de reincidir, las penas comienzan a elevarse y no se aguarda como años anteriores, a que un delincuente llegaba a un juicio oral cuando tenía acumulado numerosas causas, lo que podía llevar a que el delincuente pueda recibir una condena varios años después de haber cometido el primer delito.
Otro de los beneficios y funciones, es la de restarle carga laboral primordialmente a los juzgados de Instrucción, que puede llevar a que una causa tarde un año y medio hasta el momento de arribar al juicio oral.