La senadora nacional por Mendoza Laura Montero, sostuvo que “si la legislatura de Mendoza le dice NO al convenio con La Pampa; sin dudas fortalecería la estrategia legal en la defensa de los derechos de los regantes del sur mendocino”.
La ex ministra de Economía de Mendoza no pudo ser de la partida del encuentro a realizarse hoy en la Legislatura de Mendoza por su tarea en Buenos Aires. No obstante, manifestó “Los regantes del sur, por intermedio de sus asociaciones, están preparando la estrategia legal para presentarse también en este juicio y para ello están recopilando toda la documentación pertinente; entre ellos el dictamen de Fiscalía de Estado que ya hizo el análisis respectivo con una consulta extendida a seis asesorías letradas de distintos ministerios y otros organismos, entre ellos el Departamento General de Irrigación y la Asesoría de Gobierno”.
Como se recordará, la senadora Montero realizó una presentación al Fiscal de Estado, solicitándole a ese organismo que procediera a demandar la nulidad del convenio firmado en el 2008 por el ex gobernador Celso Jaque. Fiscalía de Estado dictaminó, tiempo después, que el convenio no tiene ratificación legislativa y por ende, “no existe jurídicamente”, afirmó Montero.
La Senadora por Mendoza recordó que “hace 26 años; la Corte Suprema de Justicia de la Nación le reconoció a Mendoza el derecho de irrigar 75.651 hectáreas, con aguas de río Atuel en el oasis sur y solo luego que dicho abastecimiento se encontrarse cubierto se vería obligada a escurrir agua hacia la vecina provincia. sin embargo a pesar de los que los derechos adquiridos reviste el estatus de cosa juzgada, El ex-gobernador Jaque, siendo su Ministro de Obras el actual mandatario Francisco Pérez, cometió un grosero error y firmó un convenio que ahora abre la puerta a reclamos que estaban archivados merced a lo resuelto por la Corte Suprema”.
Montero anticipó que los regantes se presentarán en el juicio y que ya recabaron más de 500 firmas para concretar y explicó “ellos entienden que el Convenio Jaque es inválido, tal lo ratifica el dictamen de Fiscalía y sostienen que ese Convenio firmado a espaldas de los regantes; no cuenta con consenso social; no tiene aval de la Junta Honoraria de Inspecciones de Cauce, ni de las Subdelegaciones de Agua de las cuencas sureñas y lo más grave, en esta crisis hídrica solo riegan la tercera parte de sus propiedades. Hay que encontrar una solución con La Pampa, esto está claro, pero respetando los derechos históricos de la provincia sobre el agua”.