Esta mañana tuvo lugar la audiencia, conforme al nuevo Código de Procedimiento Penal, donde se decidió la prisión preventiva de Damian Ortega, el joven acusado de haber matado a la madre de su hijo de dos años, en la casa en que vivieron mientras convivían, cita en calle Barcala al 1400.
La doctora María Eugenia Laigle, tal como suele hacerlo un fiscal de Cámara, expuso su hipótesis durante una hora a la jueza de Instrucción Paula Arana, donde culpó a Ortega de ser el homicida de Florencia Peralta, aquella tarde del martes 13 de septiembre pasado.
Arana también escuchó a la pareja que ofició de defensoras del imputado, que pidió que su cliente goce de la libertad a la espera del juicio, ya que se declara inocente; sin embargo, Arana decidió procesar al imputado y enviarlo a la cárcel mientras se eleve la causa a la Cámara del Crimen.
ARGUMENTOS
Según Laigle, Ortega no aceptó la separación con Florencia. Quiso reestablecer la relación una y otra vez, y la hostigaba permanentemente, al punto de visitar a su hijo e instalarse en la casa, donde se quedaba a almorzar y dormir la siesta, por iniciativa propia.
En varias oportunidades habría amenazado a la oficial ayudante de policía, que cumplía funciones en la Comisaría 8va., con hacerle daño si seguía rechazándolo.
Pero la gota que rebasó el vaso para Ortega fue ese martes 13, cuando se enteró que la mamá de su hijo estaba saliendo con un compañero de la fuerza.
Según la acusación de Laigle, le dio un golpe en la cabeza, le tapó la boca con la mano izquierda, y con la derecha hizo presión con un lazo que terminó por asfixiarla.
Ortega, que trabajaba en el comercio Megamaderas, optó por no pronunciar palabra; pero quienes si le dijeron de todo fueron los familiares y amigas de Florencia.
EL NUEVO CODIGO
Establece que cuando existe un delito, y se detenga al presunto autor, se realice una audiencia oral y pública a los 20 días hábiles máximo, donde el fiscal de Instrucción y abogado querellante (si lo hubiera) fundamenten la acusación contra el imputado y puedan pedirle al juez de Instrucción que el acusado vaya preso hasta, al menos, el juicio.
También en dicha audiencia, puede ejercer la defensa el abogado del presunto delincuente, alegando su inocencia y pidiendo que quede libre durante el tiempo que dura el proceso penal.
Acto seguido, el juez determinará si procesa al acusado, y si le dicta o no la prisión preventiva.
En el caso de Ortega, ocurrió esto último.
Tiene ahora el procesado una instancia de apelación, de 15 días corridos ante un tribunal superior, que sostendrá, o no, su prisión preventiva.