El docente de ultra izquierda que trató de «sorete» al gobernador Alfredo Cornejo fue desplazado del cargo de Supervisor de Escuelas Técnicas y Trabajo, luego de la denuncia que hizo HOY SAN RAFAEL.
Ricardo Ermilli fue notificado ayer por la Dirección General de Escuelas, y volverá a su trabajo de director en un establecimiento de El Cerrito, donde se espera que no use el cargo para seguir haciendo militancia.
Los motivos esgrimidos por la DGE fueron los siguientes: «ha efectuado manifestaciones públicas injuriantes e insultos contra la investidura del Sr. Gobernador, constituyendo su accionar en conductas inapropiadas, tanto por su rol de educador como así por su investidura de ser funcionario público al servicio de la Dirección General de Escuelas, como así también podría encuadrar su conducta en una acción prohibida por el Código Contravencional».
EL DESCARGO MEDIÁTICO DE ERMILLI
El funcionario público hizo su correspondiente descargo, primero a través de un audio que hizo circular por Whatsapp, y luego en su muro de Facebook, donde había insultado al gobernador: «Finalmente hoy me dieron de baja como supervisor. Fue por manifestaciones públicas injuriantes contra la investidura del Sr. Gobernador, Alfredo Cornejo, en Facebook.
Es como que la CIDH no hubiese dicho en “Kimel vs. Argentina” que había que hacer correcciones al artículo 110 del Código Penal “para satisfacer los requerimientos de seguridad jurídica y, consecuentemente, no afecten el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
Es como si el Estado Argentino, en consecuencia, no se hubiese visto obligado a modificarlo, indicando en 2009 que “En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público” (modificación por Ley 26.551).
Es como si el flamante Código Contravencional mata-pobres (Ley 9099), en su art. 46, no hubiese necesitado una adaptación (aunque sea a regañadientes) para ajustarse a los estándares internacionalmente reconocidos en materia de libertad de expresión, y que por lo tanto tuviesen que agregar, respecto a la ofensa a funcionario público, que “Quedan exceptuados de la presente, los funcionarios con representación política.”
Es como si para ser educadores tuviésemos que castrarnos políticamente y privarnos del derecho al insulto necesario en asuntos de interés público y al derecho de maldecir -a contramano de lo que propalan una legión de medios mercenarios, genuflexos o cómplices- por la miseria creciente, la muerte prematura por falta de atención sanitaria, la entrega de soberanía, el decaimiento masivo de la industria y el comercio, el maltrato a la justicia imparcial, el desprecio por la libertad, el ataque depredador al ambiente, la ruina de la educación.
¿Será delito que pensemos: “CORNEJO, BASURA, VOS SOS LA DICTADURA”?
Por nuestras venas corre sangre. De los poros brota el ideal de dignidad. Nuestros cuerpos destilan el sueño irreductible de una patria justa, libre y soberana. En nuestra mente habita la serena certeza de que Macri y su lacayo Cornejo, en tanto gobernantes, son una peste maldita».