Desde hace varios años, la falta de viviendas es uno de los grandes problemas que debe sortear la provincia.
El IPV atribuye esta situación a la alta morosidad de quienes ya recibieron sus casas. El hecho de que gobiernos anteriores no se hayan preocupado por el recupero de las cuotas desencadenó años de desinversión por falta de activos para encabezar nuevos proyectos.
Esto fue el motivo por el cual la actual gestión puso en marcha diferentes acciones para la regularización de deudas. Entre ellas, se cuenta la firma de un convenio con Veraz a partir del cual la entidad crediticia notificará a los morosos y los alojará en la base datos. Antes, sólo recibían notificaciones sobre su situación, pero nunca se los intimaba a realizar los pagos.
En el primer trimestre de 2018, Veraz notificó a 1.600 adjudicatarios. De ellos, 20% solucionó su situación, mientras que 1.400 quedaron cargados en la base de datos de la entidad.
En el segundo semestre de 2018, el IPV notificó a 4.000 adjudicatarios, de los cuales 21% regularizó la situación. En esta oportunidad, el veraz notificó a 2.000 personas, de las cuales 15% regularizó su situación.
Desde el IPV explicaron que además del aviso se procederá en los próximos meses al desalojo de los adjudicatarios y se les otorgará la vivienda a otras personas que estén inscriptas en el instituto. Hasta el momento se han realizado nueve pedidos de ejecución hipotecaria y se están analizando cerca de 900 expedientes para concretar los desalojos.
A esto se le suma que serán repactados los contratos de los morosos. Es decir, se actualizará a UVA el valor de las cuotas por incumplimiento de contrato luego de seis meses de mora. La medida puede parecer un poco severa, pero hay que tener en cuenta que cerca del 60% de los morosos son aquellos cuyas cuotas no superan los 100 pesos mensuales.
En total, el IPV cuenta hoy con 65.000 créditos activos. De ese total, el 50% de la cartera de adjudicatarios está en mora. Esto equivale a 32.250 créditos, $280 millones. De la mitad de los morosos, el 57% paga una cuota menor a $100 por mes; 47% de los deudores deben abonar cuotas de entre $100 y $500, y el 22% pagan más de $500.