Los prostíbulos existieron casi siempre en buena parte de las ciudades del país.
Algunos clandestinos, que funcionan en dependencias de acceso restringido, como departamentos.
Otros, sin embargo, se instalaron en las denominadas whiskerías, una suerte de bar nocturno con chicas que llevan poca ropa (a veces bailan), y que auspician de mozas y de acompañantes «mimosas» hacia los clientes.
Además del contacto que se mantienen con dichas mujeres en un lugar común, pagando un «extra» se puede pasar a una habitación contigua para tener relaciones sexuales con la señorita.
Desde luego que la mayoría no son muy higiénicos, y suelen ubicarse al costado de rutas, siendo fácilmente identificable por sus luces rojas en el exterior.
En San Rafael existieron varios a lo largo del tiempo, entre ellos el famoso «Flashdance», donde presuntamente había chicas trabajando casi en condiciones de esclavitud, por lo cual no solo fue clausurado, sino que cuatro de sus regentes terminaron presos (ver aparte).
PROHIBIDOS PARA SIEMPRE
Estas whiskerías funcionaron con mucho éxito en calle Tirasso y Adolfo Calle de El Cerrito; sin embargo cerraron años atrás. Solo queda una en pie, ubicada en calle Zamarbide de Las Paredes, donde hombres de distintas edades van en busca de diversión, alcohol y, en algunos casos, algo de sexo.
El día que a este local se le venza la habilitación municipal, en agosto próximo, ya no podrá permanecer abierto, ya que el Concejo Deliberante aprobó días atrás por unanimidad el proyecto del Dr. Gustavo Correa (UCR-FCM) que prohíbe la instalación de este tipo de locales, o la renovación de sus habilitaciones.
El espíritu de la norma es frenar la trata de personas, porque si bien la mayoría de las mujeres que trabajan en estos lugares lo hacen por voluntad propia, buena parte de estos lugares la someten a unos niveles de explotación que rozan la esclavitud.
CUATRO CONDENADOS EN SAN RAFAEL POR TRATA DE BLANCAS
En 2011, el Tribunal Oral Federal Nº2 de San Rafael condenó por «Trata de Personas» a Nélida Carrizo (la Nelly) a 4 años y 6 meses de prisión, igual pena que a Omar Barrera, el regente del sitio.
A Pedro Alcalde, esposo de Carrizo, le dieron 4 años, y a Roxana Alcalde (hermana de éste último), 2 años de prisión en suspenso.
En estos casos se comprobó que si bien las mujeres que trabajaban en el lugar no lo hacían en contra de su voluntad, les tenían la documentación retenida, y vivían dentro del predio en condiciones infrahumanas.