La causa federal que tiene a Gustavo Matar, su mujer y su hijo mayor a pocos pasos de la cárcel, sigue avanzando, al punto que este mediodía personal de la Policía Federal realizó un allanamiento en la casa de un pariente de Matar en calle Capellan Marcos de barrio Unimev, donde se secuestró una camioneta Toyota SW4 de color negro que el fotógrafo tenía escondida para que no le sea confiscada.
Recordemos que se le sigue una causa por lavado de activos y evasión fiscal en 2010 y 2011, por un monto de 12 millones de pesos, que llevados a plata de hoy son cerca de $30 millones.
Por ello el juez Eduardo Puigdéngolas sigue tratando de reunir bienes por dicho monto, con el fin de recuperar para el Estado el dinero evadido por la familia Matar.
Matar y su esposa, la ex legisladora Evangelina Godoy, cada vez más cerca de Mitre y Pampa.
PLATA RECUPERADA
El juez Federal de San Rafael ya le había embargado a Matar 12 millones que tenía listos para cobrar en la tesorería del gobierno provincial (por el concepto de pautas publicitarias), más el secuestro de distintos vehículos, por lo cual está cerca de llegar a esa suma y elevar la causa a juicio oral, donde el presunto ex socio de Alejandro Cazaban, en distintos sobreprecios, podría ser condenado a 6 años de prisión efectiva.
OTRA CAUSA PENDIENTE CON LA JUSTICIA
Por otra parte, en los fueron provinciales, está imputado por “defraudación contra la administración pública” por haber cobrado sobreprecios en trabajos vinculados con comunicación del gobierno de Celso Jaque y de Francisco Pérez.
Matar no es el único complicado en la causa que se tramita en el fiscalía especial de Santiago Garay. En todo caso, es el privado que se benefició con el pago de tarifas que estaban muy por encima de los precios cotizados en el mercado.
Y para que eso ocurriera, desde el Ejecutivo debía existir un visto bueno. Por eso, la causa tiene como principal responsable por parte del Estado al ex secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán.
Además, en los tribunales federales de Gran Mendoza hay otro caso más en trámite, que está entrelazado con el del pago de sobreprecios, pero que, por su naturaleza, es investigado en ese ámbito. Tiene que ver con el financiamiento de la campaña política del PJ para las elecciones de 2011 y con la procedencia de los fondos que se usaron para promocionar a la fórmula Francisco Pérez-Carlos Ciurca.
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