La violencia de género es una maldita realidad en nuestra sociedad, y Mendoza no es la excepción.
Esta modalidad de violencia no discrimina extractos sociales, nivel cultural, ni profesiones.
En el año 2013, el entonces diputado provincial kirchnerista Raúl Guerra fue denunciado por su concubina, Elena Marcela Montero, con la que tiene un hijo pequeño.
La mañana del 10 de mayo, la mujer se presentó en la Fiscalía Correccional en turno, y hasta llamó a la prensa, para luego relatar una presunta golpiza que le dio el legislador esa madrugada, tras llegar borracho al departamento que compartían en calle Las Heras.
La mujer dijo que no era la primera vez que Guerra la castigaba, pero que se cansó de la violencia y por eso lo denunció.
¿Y cuál fue la reacción del Partido Justicialista de Mendoza, de la Cámara de Diputados, y hasta de los referentes del PJ local?…
Pues ninguna; nadie habló del caso frente a los micrófonos. Y lo que se decía off the record era «Esa mujer está loca»… «Hay que esperar que la justicia investigue», etc.
Guerra siguió yendo a las sesiones, y en ningún caso se le solicitó ni siquiera una licencia sin goce de haberes.
En fin, la causa recayó en el juzgado del peronista Pablo Peñasco, quien tiempo después sobreseyó a Guerra por el delito de lesiones.
Entre tanto, la mujer declaró haber mentido, y posteriormente aseguró que eso lo dijo porque estaba amenazada, en viertud que «el padre de su hijo es muy poderoso, y tiene influencia en la justicia».
NOTA DE LA DIRECCION: Estos delitos de instancia privada, que ocurren sin testigos y donde no hay lesiones notables (como fracturas o heridas de gran magnitud) son muy difíciles de comprobar, por ende el juez tiene que usar al máximo su criterio y experiencia para decidir si procesar al hombre, o descartar la denuncia de la mujer, porque quizás haya sido una reacción por despecho, tal como ocurrió en el caso de Guerra.
LA DIFERENCIA CON «CAMBIEMOS»
Ni bien el gobernador Alfredo Cornejo se enteró que su ministro Rubén Giacchi fue denunciado por su concubina de haberla golpeado, le ordenó que presentara la renuncia, al tiempo que desde su gobierno se destacó, a través de un comunicado de prensa, que si sale sobreseído de la causa podría volver al ministerio de Salud.
Es decir, ante la denuncia (y, por ende, sospecha de ser un femicida en potencia), su jefe político decidió que se lo desplazara del cargo. Y ante esto uno se pregunta: ¿Por que el PJ no hizo lo mismo con Raúl Guerra?
Obvio que a Guerra se lo tuvo cuasi escondido en los dos años de legislador que le quedaron después del incidente, y ya sus aspiraciones de presentarse a una nueva candidatura son una utopía, porque en el inconsciente colectivo de la gente, y a la luz de una serie de comportamientos públicos lamentables desde que es funcionario (que incluyen un homicidio culposo), quedó como un golpeador de mujeres.