Tras las declaraciones de Francisco Pérez sobre que en Alvear existen boliches clandestinos donde se distribuye drogas y alcohol, el gobernador no sólo recibió una carta del intendente Juan Carlos De Paolo, solicitando haga las denuncias y controles correspondientes, sino que también Pérez fue denunciado penalmente.
El diputado alvearense Gustavo Villegas hizo ayer la presentación en la Fiscalía de Delitos Complejos, y explicó a la prensa que “el Código Procesal Penal de Mendoza, en el art. 329, establece que los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación de denunciar los delitos que le constan. Y le cabría la pena, fijada en el Código Penal Nacional, de 6 meses a 2 años de inhabilitación”.
También señaló que la gravedad del hecho radica en que de los dichos se puede inferir que Pérez sabía de este posible delito, como es el tráfico de estupefacientes, y no accionó contra este flagelo, ya que el Estado no habría aportado información a la Justicia. “Por esto, es que pido el auxilio a la justicia para que investigue si el Gobernador sabe de la existencia de un delito y no lo está denunciando o, por el contrario, sus declaraciones pudieron advertir a presuntos delincuentes de la investigación que se está llevando adelante. De comprobarse estos hechos, Pérez podría haber cometido algún delito penal”, aseguró Villegas.
Mientras tanto, el legislador presentó un pedido de informes para que la máxima autoridad política de la provincia explique por escrito a la Legislatura el fundamento de sus declaraciones.
Allí le solicita que informe la denominación comercial, ubicación y nombre del o los propietarios de boliches clandestinos implicados en las declaraciones de Pérez. Además, le pide que detalle las instrucciones impartidas al Ministerio de Seguridad de Mendoza, en relación a los dichos.
Como dijimos, la denuncia quedó radicada en la Fiscalía de Delitos Complejos, bajo el número de Expediente 125.088/14.
HIERRO INDIO
Recordemos que las declaraciones de Pérez nacieron en la acción de cortes de rutas del pueblo alvearense, que se opuso al proyecto Hierro Indio. Evidentemente, el gobernador tenía intereses en que la mina se reabra, quizás por los puestos de trabajo que significarían para la región, o tal vez por un compromiso asumido con la empresa minera, quien sabe a cambio de que.