Muchas de las personas víctimas de delitos desconocen que pueden contratar un abogado para exigir la investigación del hecho a la justicia (cuando aún no se conoce al autor), presentarse como querellante contra el delincuente (para pedir una pena más dura o que no sea excarcelado), o bien iniciar una querella civil para ser resarcido por los daños.
Sin embargo, no todas las víctimas tienen plata para contratar el profesional, y las causas suelen hasta prescribir por falta de un abogado que la impulse.
Es por ello que el Concejal Daniel Herrera (UCR – FCM) presentó a la legislatura provincial un proyecto para que el gobierno de Mendoza establezca la figura del «defensor oficial de víctimas del delito».
En sus fundamentos, Herrera explicó que “la ausencia del Estado se hace sentir fuertemente una vez que los hechos delictivos ya han ocurrido, algo muy visible en los procesos penales, ya que las víctimas generalmente no tienen representación en ellos. La mayoría de las veces porque no tienen recursos para pagar profesionales del derecho y actuar como querellantes.”
Al referirse al Ministerio Público Fiscal, dijo que “si bien tiene la función de impulsar los procesos penales a través de la investigación y de la acusación, muchas veces no se desenvuelve en la investigación y en sus líneas de acción conforme al sentir y a los intereses de las víctimas, actuando en ocasiones aún en disidencia con ellos. También es necesario recordar que los acusados de cometer delitos cuentan, si no pueden pagar una defensa o si prefieren optar por esto, con defensores oficiales.”
“Es una situación injusta que una persona que fue víctima del delito, en gran medida por la impotencia del Estado para resguardarla, no pueda tener representación, ya sea por su imposibilidad de pagarla o por la imposibilidad de poder optar por una.”, manifestó el concejal radical.
Ante estas situaciones, “pedimos que la Legislatura de Mendoza establezca un defensor oficial de víctimas del delito para todas las circunscripciones judiciales de nuestra provincia, con el objetivo de asistir y representar a las víctimas del delito en los procesos judiciales”, finalizó Herrera.