Elevarán a juicio la causa contra el ex secretario de la gobernación durante el gobierno de Celso Jaque, Alejandro Cazabán, por el caso Matar.
La novedad se conoció esta mañana, tras una larga instrucción a cargo del fiscal especial Santiago Garay.
El magistrado dio por terminado el proceso y la jueza del 4º Juzgado de Garantías ratifico la decisión, tras rechazar numerosos planteos de los acusados.
Se descuenta que los acusados plantearán una apelación, que esta vez deberá ser analizada por la Cámara de Apelaciones del Crimen, integrada por Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel.
Los acusados con el ex secretario de la Gobernación Alejandro Cazabán, el empresario Gustavo Matar y los comunicadores Ricardo Funez y Pablo Catania.
La causa es por desviación de dinero para financiar la última campaña electoral del oficialismo.
Los legisladores del radicalismo Roberto Infante y Daniel Di Martino expusieron en la Legislatura a través de un pedido de informe (en el 2011) y denunciaron ante la Justicia (ese mismo año) que el Estado debe rendir cuentas por el dinero que le abonó a Matar y a su empresa en los últimos tres años, –alrededor de 30 millones de pesos entre ambas razones sociales– sin que esté claro qué tipo de servicios está brindando.
Los legisladores cuestionaron las grandes sumas de dinero que facturó en los citados ejercicios.
La causa fue tomada por Garay, que para probar los sobreprecios pidió a distintas productoras de Mendoza y Buenos Aires los presupuestos por el mismo trabajo que Matar había presupuestado al Gobierno de Jaque para cotejar y contrastar los valores ofertados.
Se trataba de contrataciones que, en algunos casos, superaban los 500 mil, el millón o los dos millones de pesos. Se estima que Matar llegó a facturar 30 millones de pesos.
Con los presupuestos alternativos, Garay observó que los montos pagados por la prensa oficial eran hasta tres veces superiores, de una manera «escandalosa», según indicaron fuentes judiciales. Por esto, Garay decidió imputar a Cazabán, a Catania y a Fúnez por el delito de defraudación contra el Estado.
Las facturas eran firmadas por los ex jefes de prensa de Jaque, pero también fue central la responsabilidad política y administrativa de Cazabán. El influyente ex funcionario no podía desconocer estas contrataciones, puesto que el área de prensa se encontraba bajo su órbita.
Catania -vinculado políticamente al diputado nacional Guillermo Carmona- dejó su función. En tanto, Fúnez sigue trabajando para el Gobierno como jefe de prensa en el ministerio de Seguridad (Fuente: Diario El Sol).
RECORDANDO LA CAUSA
El fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, dispuso que la causa del denominado “Caso Matar” pase a juicio oral y público.
Son cuatro los imputados por el pago de sobreprecios al fotógrafo sanrafaelino Gustavo Matar; tres ex funcionarios provinciales y el mismo Matar.
De toda la documentación que revisó Garay, encontró 13 expedientes donde el pago de sobreprecios es más que obvio: todas las carpetas obtuvieron el visto bueno del ex Srio. General de la Gobernación, Alejandro Cazaban. Pero no era la única firma que necesitaban los papeles, sino también la del Director de Comunicaciones de turno.
En 12 de los casos firmó Ricardo Funez, mientras que el restante fue Pablo Catania quien puso el gancho. Esto quiere decir que Funez está mucho más comprometido, en caso que caigan (por falta de pruebas) algunos de los expedientes que cuestiona Garay.
“Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, es el delito que se le imputa a los ex tres funcionarios de Celso Jaque; mientras que a Matar el mismo crimen, pero como partícipe necesario.
Además, el fiscal señala a Cazabán por “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ya que no cumplió con el deber de emitir un detalle del gasto publicitario a la legislatura, como lo obliga la Ley 6.496.
¿COMO ERA LA “ESTAFA” AL ESTADO?
Cazaban era quien manejaba la pauta publicitaria a los medios, por orden de Jaque.
En 2010 se teje una amistad entre el propio Cazaban y Matar, por lo que el fotógrafo fue designado a realizar todo tipo de trabajos y servicios ligados a la comunicación, desde la contratación de un cañón para proyectar un spot, a la realización de videos de distintas áreas para emitir en la TV.
Las primeras facturas ya presentaron irregularidades. Un ejemplo de ello está en nuestro poder: Matar cobró 68 mil pesos la realización de un video, que en el mercado no costaba no más de 5000 pesos (VER APARTE).
Para blanquear más facturación, Matar compró una radio de San Rafael, y comenzó a editar revistas de distribución gratuita en varios departamentos, incluso en San Rafael.
Lógicamente que estos medios eran financiados por la generosa pauta que Cazaban le daba, con complicidad de Funes y/o Catania, sumadas a las de otros organismos provinciales, como OSEP, IPJyC y AySAM.
A tal punto llegó el nivel de facturación del advenido empresario de medios, que se estima en 60 millones de pesos.
LA DENUNCIA
Recordemos que la denuncia la realizaron en el marco de la campaña electoral de octubre de 2011 los diputados Roberto Infante, Daniel Dimartino y Alejandro Limas, todos de la UCR, sólo que en ese tiempo la facturación alcanzaba los 12 millones de pesos.
Vale decir que Matar facturó buena parte de esos 12 millones como monotributista, y luego a través de la SRL “Sur Talent”, cuya titularidad comparte con su esposa, la diputada Evangelina Godoy.
La causa ameritó que le hicieran un allanamiento al fotógrafo, tanto en su estudio de Av. Mitre como en su casa de calle Santa Fe y Avellaneda. Vale decir que fue desalojado de ambas propiedades, luego de no pagar -por más de un año- el canon de los alquileres (aún esas causas están en la Justicia, donde los dueños de las propiedades aguardan que se les pague).
UN CASO
Hubo facturas de más de un millón de pesos, pero fueron incontables las de miles de pesos. Simplemente, para que la gente entienda de lo que hablamos, citaremos la confección de un video institucional de la Dirección General de Escuelas, que Matar cobró $68 mil pesos en 2011.
Hacía tres años, un spot de iguales características cotizaba entre 2000 y 5000 mil pesos en una productora, por lo que la sobrefacturación queda al desnudo, por más arte que sea, tal como lo tildó Matar en una de sus tantas declaraciones. “Mi trabajo es arte, y lo cobro al precio que considero“, decía a la prensa en los días en que salió el tema a luz.
INVERSIONES
Además de vehículos de autos de alta gamma, Matar invirtió el dinero cobrado al Estado Provincial en la adquisición de un camión satelital para transmitir en vivo (de hecho se lo contrata “Futbol para Todos”).
También construyó una casa en barrio Garbín, que estiman los arquitectos costó más de medio millón de dólares.
Lo que no le salió bien a Matar fue su intento de adquirir Canal 6. Si bien llegó a tomar posesión del canal del indiecito, el acuerdo que había hecho con el grupo Vila-Manzano se derrumbó, debido a que el sanrafaelino no realizó los pagos prometidos. Vale resaltar que aún el Grupo, luego de este traspié, no se adecua a la ley de medios.
Aprovechando la buena relación con el gobierno justicialista, Matar también instaló varios carteles publicitarios en la vía pública, entre ellos el ubicado en la esquina sureste de la rotonda del mapa, del que -increíblemente- le iniciaron una causa penal por haber estado enganchado de la luz. Es más, en la actualidad no cuenta con iluminación, y allí aún están instaladas publicidades del gobierno de Mendoza (de la Fiesta de la Vendimia), y de una casa de ropa que sería de su propiedad, aunque quien figura en los papeles es un amigo de su hijo mayor.
Matar monotributista:
2010: $922.000
2011: $12.630.000
2012: $ 3.238.00.
Matar a través de la SRL “Sur Talent”:
2011: $ 8.987.400
2012: $8.781.400
En total Matar cobró en la tesorería de Casa de Gobierno $ 34.560.000 hasta 2013, aunque se estima que hay varios millones más que aún no pudo cobrar. De hecho, el mismo fotógrafo reconoció que llamó días atrás al gobernador Francisco Pérez para recordarle la deuda, situación que el gobernador tomó como una amenaza, y que hizo pública, por lo que terminó en un escándalo mediático.
Párrafo aparte merece su situación con la AFIP, que deberá investigar como un monotributista facturó en un año más de 12 millones, cuando el máximo es de 400 mil pesos anuales.
De hecho una de las cuentas corrientes de Matar fue confiscada por el organismo nacional.
¿SE PAGARON COIMAS?
La gran pregunta es: ¿Se le descontaba a Matar un porcentaje de lo facturado? Es decir, ¿ROBABA PARA LA CORONA?
¿Cazabán cobraba coimas por dar luz verde a esos expedientes?… ¿O parte de ese dinero fue a parar a la campaña electoral de Paco Pérez?
En este sentido, la Justicia debería investigar el crecimiento patrimonial de Cazaban, si va de la mano con los ingresos formales que tuvo durante sus años de ministro.
LA DIPUTADA DE CAZABAN
En el tire y afloje para evitar la interna justicialista en el Cuarto Distrito, los hermanos Félix aceptaron que el tercer candidato a diputado (una mujer) lo ponga el sector de Alejandro Cazabán, históricamente enfrentado con los “turcos”.
Fue así que el abogado pensó en una persona de confianza, que no lo defraude. Poco le importó la militancia, experiencia y sapiencia en la cosa pública. Fue así que le asignó el lugar a la mujer de su amigo, Evangelina Godoy.
La Eve, como le dicen, no tiene trayectoria en la política ni mucho menos, pero llegó a ser funcionaria de los Félix en el Area de la Mujer.
Es que Matar comenzó su incursión como proveedor del Estado en la gestión de Omar Félix, que lo designó como fotógrafo institucional del municipio, con un sueldo de 4,000 pesos.
“Matar le pidió a los Félix que les de una mano con su mujer, que no tenía laburo, y la nombraron en el área de la Mujer, que estaba acéfala“, recordó una fuente de la Secretaría de Gobierno.
La paradoja del destino haría que Eve Godoy, un par de años después, sea protagonista de un presunto hecho de violencia de género, el mismo por el cual la consultaron decenas de mujeres mientras era funcionaria municipal, y respondía aún a los Félix.
La incursión de Godoy en la Cámara de Diputados resultó, tal como se preveía, un chasco, pues además de no abrir la boca en las sesiones, se limitó solamente a presentar proyectos de resolución (declarar de interés provincial un determinado evento), y hasta se dio el lujo de votar en negativo una orden del gobernador, presuntamente por pedido de Cazabán, que le costó la separación del bloque del PJ hace un par de meses atrás.
LOS IMPUTADOS AHORA
Pese a la imputación, Fúnez sigue trabajando para el Estado Provincial, ahora como jefe de prensa en el ministerio de Seguridad.
Catania cobra como asesor de un legislador.
Cazaban volvió a su estudio jurídico.
Matar alquila su móvil satelital a distintas productoras, generalmente ligadas al Estado; tiene una FM local llamada Vibra, y edita un periódico gratuito llamado Info Ya, que prácticamente no cuenta con auspicios privados como para poder autofinanciarse. Además, alquila carteles publicitarios en la vía pública y sigue recibiendo pauta del gobierno de Mendoza, que factura a nombre de su hijo, pues él está inhabilitado como proveedor.