El gobierno de Mendoza, a través de funcionarios del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJC), le confirmó ayer a los empleados del Casino Club la no renovación de la concesión, y su cierre a partir de octubre.
El dato conocido es que 80 trabajadores, tras cobrar la correspondiente indemnización por los años de servicio, deberán buscar nuevo empleo, o bien aceptar el traslado a otra ciudad donde la empresa tenga sala de juegos.
NÚMEROS
Pero hoy vamos a hablar de números: Actualmente el casino de calle Emilio Civit tiene una ganancia neta de las apuestas de 12 millones de pesos por mes (unos $400 mil por día). A ese dinero debe descontarse unos 4 millones para el pago de personal, y otros 4 millones en concepto de impuestos, pago de servicios, mantenimiento del edificio, y otros tantos etcéteras, por lo cual su dueño, el empresario kirchnerista que se encuentra preso, Cristóbal López, traslada a sus cuentas bancarias entre 4 y 5 millones cada 30 días, producto del bolsillo flaco de cientos de sanrafaelinos que todos los días juegan en sus mesas o slots.
Esto representa al año unos 50 millones de pesos, es decir más de un millón de dólares.
Los números son inobjetables, y si bien Lópéz en 2016 vendió sus casinos a su amigo Ricardo Benedicto (con quien abrió su primera sala de juegos en Comodoro Rivadavia), la AFIP sabe que ha sido una operación apócrifa para evitar los embargos producto de la deuda que tiene con el organismo, de más de $8.000 millones.
Desde el gobierno lamentan la situación de los trabajadores, pero ya era sabido que el contrato con la empresa de Cristóbal López tenía fecha de vencimiento; es más, dos veces se le extendió la concesión, que venció en 2009.
ARGUMENTOS
Los empleados del Casino Club señalan que el objetivo del gobierno es entregarle la exclusividad del juego en vivo a Casino Tower, y que el cierre de la sala de Emilio Civit hará que toda la gente que hoy día apuesta allí, se traslade al Tower.
Ambas afirmaciones son falaces, pues el casino del hotel es privado, mientras que el Club es del Estado provincial y se encuentra concesionado. Ya en la campaña electoral del 2015 Alfredo Cornejo advirtió que iba a cerrar tantas salas pudiera, dependientes del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y ya van 6 en esta gestión, sobre todo en Valle de Uco.
Las salas privadas, que están instaladas en hoteles de 4 y 5 estrellas, tienen un permiso perpetuo para su funcionamiento, y el Estado, salvo incumplimientos a los reglamentos, no las puede cerrar.
En cuanto a la clientela, obviamente hay cientos de jugadores habitués al Club que se trasladarán al Tower, pero habrá otros tantos que, por una cuestión de proximidad y preferencias, directamente dejarán el juego en vivo y presencial, lo que representará una recuperación en sus economías familiares, y podrían -en cambio- con ese dinero motorizar aspectos del consumo local.
Por otra parte, el Tower absorbería algunos empleados, y se estudia en el gobierno el traslado de algunos trabajadores al IPJC.
Igualmente, el Instituto no habilitará más máquinas tragamonedas o mesas de ruleta y naipes al Tower, por lo que su capacidad operativa será la misma.