El juez federal subrogante de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, ordenó el embargo de varios pagos, por un valor cercano a los 12 millones de pesos, al fotógrafo devenido en empresario, Gustavo Mátar.
Según se supo, ese dinero estaba listo para su liquidación en la Tesorería de la Provincia. Esto ocurre en el marco de la causa por evasión fiscal agravada y lavado de activos que se le sigue a Mátar, su hijo Brahin, su esposa y ex legisladora provincial peronista Evangelina Godoy, además de a los contadores de apellidos Ríos y Capellani.
Todos están eximidos de prisión, aunque han debido depositar cuantiosas fianzas. Se sabe que todos han sido indagados y que próximamente el magistrado debe resolver su situación legal.
La acusación de Puigdéngolas se conoció en octubre del año pasado porque recién en esa fecha -extrañamente- la entidad recaudadora (AFIP) interpuso la denuncia por evasión por los períodos 2010/2011. Es por ello que no se descarta que podrían continuar las investigaciones por otros períodos y por otros hechos, trascendió.
Este proceder judicial posibilitó adoptar las medidas para el recupero de bienes que, en definitiva, pasarían al Estado.
Las mismas fuentes tribunalicias señalaron que el embargo es por los valores que había facturado la firma Kafee Coronado, cuyos titulares son Mátar y su hijo, que estaban listos para su cobro por trabajos realizados en 2015 para la gestión de Francisco Pérez. El movimiento fue detectado debido al desarrollo de una de las tantas pericias contables que se hacen en la mencionada causa por lavado.
LA CAUSA FEDERAL
Mátar y los nombrados están imputados como consecuencia del dinero que no habría ingresado a las arcas del Estado por presunta contabilidad fraudulenta generada por el uso de facturas apócrifas que posibilitaban el aumento del crédito fiscal y las consecuentes reducciones de pago de impuestos.
El producido de esa evasión habría sido utilizado para la incorporación de bienes, sociedades e inversiones, constituyéndose de esa forma la figura de lavado de activos.
Siempre de acuerdo a las fuentes, la evasión original de la causa rondaría los 12 millones de pesos aproximadamente que, trasladados al presente, sumarían unos $30 millones hasta el momento.
Con el producido de este embargo más los secuestros de bienes ordenados (entre ellos varios vehículos y un valioso móvil de exteriores para transmisiones satelitales de TV), el congelamiento de cuentas y la interdicción de acciones en distintas sociedades, se estaría cerca de cubrir las sumas evadidas que, una vez comprobado el delito y dictadas las sentencias correspondientes, reingresarían a la caja del Estado nacional.
CAUSA PARALELA
Al mismo tiempo, Mátar tiene una causa judicial con profundas implicaciones políticas que sigue en el limbo. Se trata del expediente conocido popularmente como “Caso Mátar”, en el que uno de los procesados es el ex secretario general de la gobernación, Alejandro Cazabán, el hombre fuerte del gobierno de Jaque.
Esa pesquisa debe volver por tercera vez al fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, quien promete volver a pedir la elevación a juicio oral de una causa en la que se ventila el pago de sobreprecios en la contratación de servicios de comunicación (Fuente nota: diario Los Andes).