En las últimas horas, la Justicia sanrafaelina hizo lugar a un amparo presentado por el Dr. GUSTAVO CORREA GABBI, ordenando la suspensión de la Audiencia Pública convocada por el Gobierno de la Provincia, para ayer viernes en el Centro de Congresos de Malargüe, tras comprobar la existencia de múltiples irregularidades en el procedimiento administrativo.
Se trataba de un intento de la petrolera OIL M&S S.A., del empresario Cristóbal López, conocido por sus vínculos con el Gobierno, por obtener aval oficial para realizar actividades que podrían tener grave incidencia ambiental para los Departamentos sureños, especialmente San Rafael y General Alvear.
CRISTOBAL LOPEZ Y EL EXPEDIENTE
La firma había iniciado en 2009 un expediente ante la Dirección de Protección Ambiental, a cargo del Ing. Gonzalo Dávila (dependiente del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales de Mendoza), con el objeto de obtener la Declaración de Impacto Ambiental para un proyecto petrolero sobre 17 pozos, ubicados en su gran mayoría sobre la cuenca de los Ríos Atuel y Diamante, principales sostenes hídricos del Oasis Sur de la Provincia.
Geográficamente, 2 pozos se encuentran en Malargüe, 2 en San Carlos y 13 en San Rafael, diseminados desde la costa norte del Río Diamante hasta la costa sur del Río Atuel.
El abogado sureño, advertido a raíz de publicaciones periodísticas y de la información conseguida a través de la ONG NATIVA, se abocó de inmediato al estudio técnico de la situación, y ante la multiplicidad de irregularidades descubiertas, tomó la decisión de presentarse ante la Justicia local por la vía del amparo ambiental, solicitando como medida cautelar que se ordenara en forma urgente la suspensión de dicha audiencia, lo que fue acogido favorablemente por la Justicia.
Entre las irregularidades más importantes, el profesional citó:
– La falta de participación de la Municipalidad de General Alvear durante todo el trámite, siendo que la Ley 5961 obliga a dar intervención a todos los municipios que pudieran verse afectados (dicho Departamento se abastece primordialmente de dicha cuenca).
– Graves contradicciones y omisiones por parte del Departamento General de Irrigación, quien dio dictamen favorable, luego de omitir la intervención de la Subdelegación de Aguas del Río Atuel y de ignorar un dictamen lapidario de la Subdelegación de Aguas del Río Diamante.
– La falsa información brindada por la empresa ante las observaciones formuladas por la Universidad Nacional de Cuyo.
– La omisión de brindar información a la ciudadanía, poniendo a disposición solo parte de la misma en la ciudad de Malargüe y el resto en la capital Mendocina, siendo que los principales interesados se encuentran en San Rafael, San Carlos y General Alvear.
– Publicaciones Edictales defectuosas, que no expresan qué actividad se propone realizar.
– La elección de la Ciudad de Malargüe como sede para llevarse a cabo la Audiencia Pública establecida por la ley, siendo que la misma dispone que debe realizarse donde convenga a los intereses públicos a tratar.
– Una Manifestación General de Impacto Ambiental presentada por la petrolera, basada en datos vetustos, como por ejemplo sobre la cuenca hídrica, que datan de 2004 y 2005, cuando aún no se declaraba la EMERGENCIA HÍDRICA.
Además, CORREA GABBI destacó que resultaba llamativo que la Resolución que fijaba la Audiencia, hubiese sido firmada el 23 de Diciembre de 2014, y los edictos publicados durante el mes de Enero, como si se estuviese tratando por todos los medios de evitar la PARTICIPACION CIUDADANA y que la población conociese del PROYECTO, ya que es sabido que durante esa época el interés general está puesto en las fiestas o en las vacaciones.
La noticia llevó alivio y tranquilidad a las redes ambientalistas y agrupaciones de productores tanto de San Rafael, Malargüe y en especial a la población alvearense, que a través de distintas instituciones intermedias había exigido al intendente Juan Carlos De Paolo, que tomará cartas en el asunto, sin haber logrado una respuesta contundente y se encontraban estudiando alternativas judiciales a seguir.
Por su parte, en San Rafael pudo saberse que el Gobierno Municipal, quien curiosamente ya había dado el dictamen favorable para el proyecto, no estaba anoticiado de la Audiencia (otra falta legal), recibiendo el profesional el inmediato apoyo del equipo del Senador Nacional Dr. Ernesto Sanz, del Diputado Edgar Rodríguez y la concejal María José Sanz, quienes se pusieron a su disposición para investigar y colaborar con la causa.
Finalmente, Correa Gabbi resaltó que contó también con valiosa colaboración de integrantes de la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe, entidad ambientalista con la que se relacionó a partir del tratamiento del frustrado proyecto HIERRO INDIO.