El sanrafaelino Edgar Rodríguez era uno de los tantos diputados preocupado por el tema seguridad, que esperaba el miércoles dar sanción definitiva al proyecto que el día anterior los senadores habían aprobado por unanimidad en la legislatura, referido a la puesta en vigencia de la LEY DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD.
Sin embargo, minutos antes de la sesión de la Cámara Baja, Francisco Pérez bajó una orden a su bloque: «El tema no se trata».
Tal es así que los justicialistas pidieron que el proyecto pase a comisiones, presuntamente con la idea que se le realice una modificación, que incluya superpoderes al gobernador, tales como la contratación directa de servicios y compra de bienes.
Debido a esto, el diputado Rodríguez -en un escrito- realizó sentidas críticas al oficialismo, el cual reproducimos a continuación:
«Tres días después de que Francisco Pérez diera inicio al período ordinario de sesiones en la legislatura, declaraciones de su Vice Gobernador advertían la necesidad de una norma que declarase la emergencia en seguridad, en evidente reconocimiento de la grave situación de inseguridad que aqueja a nuestra sociedad. Iniciativas propias de senadores y diputados de distintas fuerzas políticas se presentaron intentando aportar soluciones a la problemática.
La inseguridad es un flagelo que viene incrementándose en nuestra Provincia y afecta a toda la población en su conjunto. Y no se trata de una cuestión novedosa ni coyuntural. Tampoco es una cuestión mediática como muchas veces se intenta justificar. Recordemos que los mismos que hoy nos gobiernan prometieron disminuir el delito en un 30% en sus primeros 6 meses y que tenían elaborado un mapa del delito provincial.
A más de 5 años, se evidencia que el Gobierno nunca tuvo una política en materia de seguridad, mientras, la delincuencia sigue en escalada. Y esta inacción se traduce a diario en robos, asaltos y muertes.
La prevención se relaciona con el concepto de legitimidad y eficacia. Es indispensable que tanto la Policía como la Justicia y la dirigencia política en su conjunto gocen de la confianza de la ciudadanía. Eso no depende de otra cosa que cumplir con las promesas de seguridad que se han formulado. No es casual que la inseguridad sea considerada como uno de los mayores problemas que vive la sociedad. No es un fenómeno sobredimensionado, sino carente de respuestas.
Desde la Legislatura se ha intentado dar al Gobierno un instrumento legal que le permitiese un accionar inmediato. La población exige acción. No se admite más demora. Esta semana con acuerdo mayoritario se logró en el Senado provincial media sanción al proyecto de Ley que además de impulsar un paquete de acciones concretas y leyes se “declara la emergencia en materia de seguridad pública por el término de un año con el fin fundamental de la protección de la vida y de los bienes de las personas”, dando un paso adelante en la lucha contra la inseguridad.
Sin embargo, un tema tan importante que ocupa las tapas de todos los diarios de la provincia con permanentes hechos delictivos, ha quedado de lado, preso de una disputa interna entre las máximas autoridades de la Provincia: Gobernador y Vice, dejando translucir que lamentablemente, las rencillas internas del oficialismo han primado por encima de una realidad angustiante.
Que la media sanción de ley votada en la legislatura no fuera del agrado del Sr. Gobernador evidencia una realidad grave, pues implica no reconocer el nivel alarmante de hechos delictivos que ocurren a diario en nuestra provincia. El Gobernador no quiere la EMERGENCIA EN SEGURIDAD. Pero tampoco dice lo que quiere o qué planea hacer al respecto. Seguramente la norma propuesta no sería la solución de un problema tan complejo, pero sin dudas implicaba un aporte, con la clara intención de empezar un camino.
Sin dudas el problema ha excedido a este Gobierno, que no hace ni sabe qué hacer y más grave aún es que tampoco se deja ayudar. No se está trabajando en la coyuntura y mucho menos en las causales de esta realidad que significa vivir con fundado temor y ser víctimas cotidianas de la delincuencia. No hay un plan a corto, mediano y mucho menos una política de seguridad de largo plazo.
Los mendocinos una vez más, estamos presos de la interna justicialista que parece no tener límites. Mientras tanto, la sociedad sigue esperando respuesta a este flagelo, y se siente atrapada por la improvisación y los vaivenes internos del partido gobernante»