POR EL PROF. EDGAR RODRIGUEZ (Diputado Pcial – UCR) – Estrategia utilizada por el gobierno provincial para dividir la opinión de la ciudadanía dentro del difícil contexto socio económico en que se encuentra Mendoza. Juegan con la necesidad de mejorar la situación de la población; y utilizan a la minería como la mágica solución a esta problemática con el sólo objetivo de que logre la licencia social suficiente para poder llevar adelante los emprendimientos que el gobierno ha pretendido realizar desde que asumió y que a la fecha aún no ha podido.
Estoy convencido que para salir de esta coyuntura se deben fortalecer las actividades económicas tradicionales como son la agricultura, la ganadería, las industrias instaladas a partir de ellas, los servicios de turismo, etc. Todas poseen un potencial de diversificación aún no desarrollado. Recordemos que gracias a ellas nuestra provincia se posicionó fuertemente en el contexto nacional e internacional; posición que ha perdido debido a la falta de políticas públicas provinciales y nacionales acordes a sus necesidades.
Y para empeorar la realidad de los mendocinos hemos escuchado, en distintos medios de comunicación, a funcionarios provinciales decir que es hora de plantear un cambio en la matriz productiva, donde la minería aparece como la actriz estelar.
Desde mi perspectiva, entiendo que se trata de un grave error. No solamente se perjudican las actividades económicas ya instaladas postergándolas, sino que también se desperdicia una inversión millonaria realizada durante años (fincas, fábricas, infraestructura de riego, etc) y décadas de esfuerzo para conseguir mercados.
Ni qué decir del impacto demográfico. Se repite hasta el cansancio que debemos combatir y evitar el éxodo rural, pero ahora en lugar de potenciar actividades propias de zonas agrícolas, se plantean polos concentrados de desarrollo, lejanos a los distritos de tradicional cultura agraria.
En el medio de esta discusión, tenemos al agua, recurso estratégico y fundamental de nuestra economía regional. El agua desde el comienzo de nuestra historia marcó el eje del desarrollo de nuestra sociedad. Dadas la características geográficas y climáticas de la provincia, todas las actividades económicas, necesitan si o si de ella, en mayor o en menor medida, para su realización.
En los últimos 4 años, el Ejecutivo ha declarado en forma consecutiva la emergencia hídrica provincial. Estar en emergencia hídrica implica un esfuerzo conjunto de todos los actores sociales; instituciones públicas, privadas, productores y población en general. No se trata de una mera declamación. La falta de agua es padecida por más de un sector productivo, pero especialmente por los mendocinos.
Sin embargo, la emergencia hídrica, es para el gobierno sólo una declaración. El Gobernador Pérez no ha hecho nada en consecuencia. Un claro testigo es el presupuesto del Departamento General de Irrigación, en donde los fondos para obra pública específica para el sistema de riego en toda la provincia, apenas supera los 50 millones de pesos.
Debemos tener en cuenta que la minería en algunos casos es una actividad altamente contaminante, que utiliza grandes volúmenes de agua y además no sustentable; el recurso minero es limitado. Una vez explotado se agota. Pero en nuestro país, la falta de sustentabilidad también está dada por cuestiones económicas, ya que un proyecto que hoy es rentable, tal vez mañana no lo sea y los grandes capitales internacionales no dudan en abandonar una inversión, de la noche a la mañana, si ven alterada esa ecuación o si encuentran en el concierto internacional mejores opciones. Y cuando deciden retirarse, no les importa ni los empleados ni el ambiente.
Un claro ejemplo es el proyecto de sales de potasio VALE. El Estado viene subsidiando desde su partida a cientos de trabajadores que quedaron en la calle. Lo que sería una oportunidad de trabajo, terminó significando para todos los aportantes al sistema de la seguridad social, una verdadera fuente de desempleo.
Otro ejemplo y no privado, sino oficial, es lo que ha sucedido con la Comisión Nacional de Energía Atómica. En 1995 decidió abandonar los emprendimientos mineros Huemul y Sierra Pintada porque le era más barato importar el Uranio que extraerlo y dejó pasivos ambientales que hasta el día de la fecha no se logran remediar. Lejos de haber demostrado sustentabilidad y responsabilidad, la explotadora oficial se ha convertido en la deudora de la multa más importante impuesta por Irrigación, por contaminar napas subterráneas y aguas superficiales en el departamento de Malargüe.
No debemos permitir que a partir de políticas ineficientes y perjudiciales para las actividades tradicionales de la provincia, hoy se quiera poner en duda la matriz productiva ya definida, instalada y consolidada.
Nuestro perfil productivo debe ser protegido y mejorado día a día; y se necesitan para ello estrategias dirigidas a lograr el crecimiento que Mendoza reclama.
Los mendocinos no podemos dejar de defender algo intrínseco a cada uno de nosotros como es la cultura del cuidado del agua. Tenemos que proteger y cumplir con la normativa que regula y cuida el recurso hídrico, como la ley de aguas, la ley de glaciares y la ley 7722; y hacer respetar el derecho constitucional que tenemos todos los habitantes de gozar de un ambiente sano y equilibrado que garantice las necesidades de la población y de las generaciones futuras.
Teniendo claro este horizonte, desarrollemos cualquier otra actividad productiva, incluso la minería.