El 22 de diciembre próximo pasado, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza declaró nula una sentencia que había dictado la Segunda Cámara del Crimen de San Rafael el 8 de julio de 2003.
En esa oportunidad había condenado a prisión perpetua a un joven por un homicidio cometido cuando éste era menor de edad.
Según argumentó la el máximo tribunal, el fallo original violaba disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño (incorporada a la Constitución argentina en 1994).
La filial San Rafael de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (ADPH), celebró la nueva medida judicial, y resaltó que «durante más de una década de cautiverio, al joven se le negó y/o retaceó asistencia psicológica, psiquiátrica, atención por asistentes sociales, y pocas veces pudo inscribirse en la escuela en contexto de encierro, ya que los funcionarios penitenciarios le manifestaban ´¿para que querés estudiar, si tenés perpetua?´».
OTRO HOMICIDA SUELTO ENTRE NOSOTROS
Tras dos años de gestiones judiciales, a cargo de la abogada de la A.P.D.H., Mariela Herrera, la Corte Suprema provincial ordenó la inmediata puesta en libertad del interno, siguiendo los lineamientos del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exige al Estado Argentino que adecue el sistema penal a los estándares internacionales de derechos humanos, y que asegure que “no se vuelva a imponer la prisión o reclusión perpetuas a quienes hayan cometido delitos siendo menores de edad”.
En un comunicado, la APDH exhorta a las autoridades judiciales y penitenciarias a observar y hacer cumplir diligentemente las leyes y la constitución, tanto en materia de sentencias como en referencia al digno trato carcelario para la efectiva resociabilización de las personas privadas de la libertad. Asimismo exige al estado provincial que proporcione urgentemente asistencia psicológica, educativa y un empleo a quien fuera víctima de tanta violencia institucional, para intentar revertir los efectos de más de una década de encierro carcelario sin la debida atención para su recuperación y reintegración social.
Además, la sentencia podría habilitar al asesino a hacerle un juicio millonario al Estado, por sus 11 años «injustos» de encierro.
Lo que omitió la organización local de Derechos Humanos, es una explicación del hecho a la familia de la víctima.
EL CASO
Martín Navarro (en esos momentos tenía 16 años de edad) mató al lustrabotas Mario Hipólito López (71), el 22 de junio de 2001, tras ingresar a su casa de barrio Constitución con fines de robo.
Además de golpear salvajemente al anciano, le propinó 7 puñaladas, que dejaron a López agonizando 7 días en el Htal. Schestakow, donde finalmente falleció.
El hecho ocurrió en calle Telles Meneses 478, y fueron condenados a cadena perpetua también Oscar Herrera, Jonathan Ledesma y Juan Ramón Ríos, quienes al momento del crimen tenían entre 19 y 23 años, y que acompañaban a Navarro.