El gobierno provincial pretende que los productores que tengan más de 5 hectáreas paguen por el tratamiento de la lobesia botrana a sus vides, cuando esa fumigación la realizó históricamente el gobierno en forma gratuita, debido a una ley en vigencia.
Es que el Estado Nacional giró al provincial apenas unos 100 millones de los 350 que se requieren para atender todos los cultivos.
«Es una ley nacional que está en vigencia, que el gobierno nacional no cumple y que el gobierno provincial no reclama… Esta medida es totalmente inoportuna; se le está pidiendo al productor que haga un esfuerzo cuando no puede hacer ningún esfuerzo. Como está la situación dada hay muchos productores que están abandonando su producción y sus fincas«, explicó el senador provincial Mauricio Sat.
«Hubo incremento en diferentes insumos, como el gasoil y los agroquímicos (que van de la mano del dólar), y también la tarifa eléctrica para el riego agrícola, porque estamos en crisis hídrica y hay muchos productores que utilizan sus perforaciones, por eso nuestro voto es negativo al proyecto de ley», argumentó el sanrafaelino.
«Hoy un productor que tiene 10, 15 o 20 hectáreas no es un terrateniente, es un productor que genera empleo, porque solo no la puede atender la finca, y requiere personal para podar, regar y cosechar… creo que hay que revertir esta situación porque no es la primera vez que pasa», prosiguió el legislador.
«Evidentemente tenemos un gobierno provincial dice favorecer las economías regionales pero en los hechos esto no sucede. Nos pasó con el seguro agrícola, que lamentablemente los productores del sur deben pagar un seguro más caro por una estadística mentirosa, porque no es el oasis donde más piedra y heladas hay… Pretendemos con esto decir basta, y hacer ver la situación real de los productores, que si bien el problema de rentabilidad viene de años anteriores la situación hoy se agudiza«, finalizó Sat.
RECHAZO DE LA CÁMARA DE COMERCIO
La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael a través de su Específica de Bodegueros, en relación al Proyecto de Ley para la Campaña de Lobesia Botrana comunica:
El profundo e irreversible desacuerdo con el punto contemplado en el Proyecto de Ley que obliga a los productores poseedores de más de 5 hectáreas a pagar $1.500 por hectárea para la Campaña contra la Lobesia Botrana y designa inconsultamente a las bodegas y cooperativas como agentes de retención para aquellos que no cumplan con el pago de dicho monto, teniendo en cuenta los siguientes puntos:
La Específica de Bodegueros suma a este reclamo, tras una reunión realizada el 6 de junio, a la Sociedad Rural de San Rafael, Cámara de General Alvear, Centro de Bodegueros de Gral. Alvear, Asociación de Viñateros de Mendoza, bodegas y productores del sur.
Los planteos del proyecto en cuestión, lejos de contemplar la complicada situación de la vitivinicultura, atacan directamente a la baja rentabilidad tras dos años de estancamiento en el precio del vino, el incremento de costos, tarifas y presiones impositivas, sumado a los elevados porcentajes de inflación y un 10% de baja posible en el precio de la uva la próxima temporada. Otro dato a considerar es el rendimiento del Departamento que es de 50 quintales por hectárea en comparación a Mendoza con 96.
Esta Cámara, de ninguna manera, niega la importancia vital de las campañas realizadas y las previstas en adelante, para erradicar la polilla de la vid en la Provincia de Mendoza y considera imprescindible que las acciones sean de alcance NACIONAL para garantizar la efectividad.
El oasis sur de la Provincia posee un impacto de la plaga mucho menor que los demás focos de incidencia, esto ha sido posible por los esfuerzos de los productores que han cumplido perseverantemente con las tareas indicadas en las campañas anteriores. En esta zona sólo se aplica la técnica de difusores de confusión sexual, sin necesidad de vuelos o utilización de insecticidas o bacterias.
El monto de $150.000.000 que el Gobierno Provincial pretende que aporten los privados, ampliamente han sido participados por la cadena productiva vitivinícola, que contribuye con el 46% en impuestos hasta que el producto llega al consumidor, un hecho no menor, considerando que, cada centavo de estos impuestos, proviene de productores e industriales que generan empleo, crecimiento y soporte a todo un sistema estatal.
Es necesario remarcar que la medida además incentiva la proliferación del minifundio al eximir a los poseedores de menos de 5 ha. y continúa castigando a quienes más aportan con fincas de mayor envergadura e incita a generar una brecha entre productores, cooperativas y bodegas “nombradas” agentes de retención.
La plaga ingresó por la falta de control de SENASA, un organismo que funciona con la contribución de todos nosotros y los impuestos que pagamos, por lo que no estamos dispuestos a pagar por los errores de un sistema ineficiente.
Si el Gobierno no posee hoy recursos para afrontar la campaña, menos puede tener un productor para cubrir la mitad del presupuesto total, considerando que Nación dispondrá sólo de 80 millones de pesos más un remanente de la campaña anterior de 20 millones y que la Provincia destinará sólo 50 millones.
Se solicita el tratamiento responsable que amerita un tema tal, con incidencia nacional y que coloca en peligro a una de las actividades más importantes de nuestra región. Aclaramos además que de ninguna manera se aceptará la discontinuidad de las acciones para la erradicación de la polilla, con la advertencia de que, de no realizarse la lucha contra la plaga, alegando la negación al pago de los $1.500 por hectárea por parte de los productores, serán el Gobierno Provincial y Nacional, quienes deban responder por las pérdidas y daños ocasionados.
Todos los involucrados en este comunicado expresan su voluntad de acompañar al Gobierno Provincial en las gestiones necesarias para lograr el aporte de la Nación, pero de ninguna manera aceptan esta medida que, como otras que ya se han implementado, continúan destruyendo a la vitivinicultura